Resumen: La cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional consiste en reafirmar, reforzar o en su caso aclarar, la doctrina sentada en la sentencia de 30 de enero de 2024 (RC 6178/2022) sobre la innecesaridad de que, a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales en los supuestos de que se haya designado letrado y procurador del turno de oficio, tenga que realizarse por el recurrente el otorgamiento de la representación al procurador mediante poder notarial o comparecencia apud acta.
Resumen: La cuestión con interés casacional consiste en determinar, si en una cuenta donde se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, el saldo disponible a la fecha de un embargo (deducido el importe del último abono en concepto de sueldos, salarios o pensiones, que se ha de considerar inembargable), es íntegramente susceptible de embargo con independencia de que tenga su origen en el abono de anteriores percepciones de la misma naturaleza.
Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación contra la sentencia que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial por vulneración de su derecho a la intimidad y protección de datos personales en documentos médicos sobre el estado de salud, incluyendo su diagnóstico de inmunodeficiencia. La sentencia de instancia consideró que la acción estaba prescrita, pues el plazo de un año para reclamar comenzó a contar desde la notificación de la última resolución en que se sancionaba al centro sanitario por infracciones en el tratamiento de datos. Tampoco se acreditó un daño moral efectivo ni la cesión o revelación de datos a terceros, dado que la información se mantuvo en documentos internos entre profesionales sanitarios. La Sala confirma la sentencia de instancia, señalando que la prescripción se computa desde que el recurrente tuvo conocimiento completo del daño, que no se interrumpe por la presentación de quejas ante la Agencia de Protección de Datos y que la mera sanción administrativa no implica responsabilidad patrimonial automática ni presunción absoluta de daño. La valoración de la prueba realizada en primera instancia no es arbitraria ni errónea, sin que se haya acreditado un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia desestimatoria de la instancia y confirmando, así, la denegación de la solicitud de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo social. La sentencia de la instancia confirma la resolución administrativa al concluir que no se cumple con el requisito de los tres años de residencia en España y sin que tampoco acredite viabilidad económica para su permanencia en España. Se confirma por la Sala la sentencia apelada previo análisis de los requisitos exigidos por el art. 124 del Reglamento de extranjería para poder acceder al permiso solicitado. En este caso el apelante para acreditar el requisito de los tres años de permanencia se limita a aportar dos certificados de empadronamiento cuando la fecha de expedición del pasaporte es muy posterior. Constando igualmente haber recibido una prestación contributiva en un periodo inferior a 3 años desde la fecha de solicitud. Se confirma, por la Sala, la valoración de la prueba realizada en la instancia corroborando que el recurrente no ha acreditado medios económicos, ni vida labora, ni medios de vida continuados, ni, en definitiva, la estancia continuada durante los tres años anteriores a la solicitud. Concluye que la valoración de la prueba en la instancia es acorde a derecho, sin que se aprecie una valoración de la misma irracional o ilógica, desestimando el recurso interpuesto.
Resumen: En el presente proceso se solicita indemnización por la pérdida del riñón izquierdo y por gastos de sanidad privada, como consecuencia del deficiente seguimiento, al haber tardado 7 meses en realizar la prueba de imagen y no dar ninguna propuesta terapéutica para salvar el riñón. La Sentencia estima el recurso pues concluye que debería haberse hecho un control más temprano para vigilar la permeabilidad de la vía urinaria y el funcionamiento del riñón, una vez retirado el catéter J sin perder de vista los hallazgos del TAC de junio de 2020. Y ello teniendo en cuenta que, cuanto más temprano se actúe, mejores resultados se obtienen. Esta setenncia es apelada por las partes demandadas. La Sala desestima el recurso pues la valoración de la prueba es correcta.
Resumen: Estimación del recurso Contencioso administrativo y ello puesto que no se puede compartir el criterio de la resolución que desestima el recurso de reposición y que se limita a afirmar que "Comprobado que la documentación no ha sido aportada al expediente en los términos en que le fue requerida". El requerimiento de información fue contestado, aunque fuera de plazo, pero eso no justifica que se archive su petición cuando el retraso está justificado por la tardanza de la autoridades venezolanas y las complicaciones derivadas del COVID.
Se reconoce el derecho a la continuación del procedimiento hasta que se dicte por la Administración resolución sobre el fondo de la concesión de la nacionalidad pretendida.
Resumen: El Acuerdo laboral sobre el sistema de previsión social en La Caixa evidencia que el sistema de previsión anterior a la externalización llevada a cabo en el año 2000 fue un mero fondo interno de la entidad sin aportaciones de los empleados y que el referido sistema de previsión integrado en un Plan de Pensiones no se nutrió jamás de aportaciones imputadas fiscalmente a los trabajadores .
Resumen: El solicitante de la nacionalidad tiene Un antecedente penal y también fue detenido por otro delito por lo que la sala considera que se trata de un comportamiento antijurídico, lo que no se corresponde con lo que se considera buena conducta cívica. El civismo no consiste sólo en no delinquir, sino en respetar unas pautas mínimas de respeto y solidaridad con respecto al resto de la sociedad .
Ademas, existe muy escasa separación temporal entre la solicitud y los hechos por los que fue condenado y la propia fecha de las sentencias; solo en el caso de que los hechos fueran muy anteriores a la petición de nacionalidad o de muy poca entidad, podría valorarse considerar que, a pesar de esas condenas, era posible entender justificada la concesión de la nacionalidad española.
Resumen: Admitido el recurso de casación, la Sala considera que el sentido del silencio administrativo en un supuesto de reclamación de pago por los servicios prestados en concepto de depósito judicial, sin haber mediado la celebración de contrato formal entre la Administración y el depositario, será negativo en base a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.
Resumen: Estima el recurso de casación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social. La Sala resuelve que el recurso de apelación previo no era admisible por no tratarse de un "litigio entre Administraciones públicas" en los términos exigidos por el artículo 81.2.c) LJCA. Para ello, la Sala interpreta que esta excepción a la regla general de la cuantía (art. 81.1 LJCA) solo se aplica cuando ambas Administraciones actúan en el ejercicio de potestades de imperium (poder público). En el presente caso, el Servicio Andaluz de Empleo, aun siendo una Administración pública, actuaba en la controversia como un empleador más, sujeto a las obligaciones de cotización, y no ejerciendo facultades de autoridad. En consecuencia, se anula la sentencia recurrida y se ordena la devolución de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que, sin poder considerar la citada excepción, examine la admisibilidad del recurso de apelación en función de si la cuantía del litigio superaba o no los 30.000 euros.
